En el marco del artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, las deducciones fiscales por I+D+i son una herramienta clave para fomentar la inversión en investigación, desarrollo e innovación tecnológica. No obstante, uno de los grandes desafíos que enfrentan las empresas es la correcta identificación de lo que constituye I+D+i, ya que estos conceptos no siempre resultan evidentes o fáciles de aplicar a la realidad de cada proyecto.

 

La ley define la investigación como la búsqueda planificada de nuevos conocimientos científicos o tecnológicos, y el desarrollo como la aplicación de esos conocimientos para crear nuevos productos, procesos o mejorar significativamente los ya existentes. También incluye la creación de prototipos no comercializables, proyectos piloto, diseño de muestrarios de nuevos productos y el desarrollo de software avanzado que implique mejoras sustanciales o nuevas aplicaciones.

 

En cuanto a la innovación tecnológica, la ley establece que se refiere a actividades que implican un avance en la obtención de nuevos productos o procesos, o mejoras sustanciales de los ya existentes. Los nuevos productos o procesos deben diferir significativamente de los que ya existían desde un punto de vista tecnológico. Además, esta categoría incluye la creación de prototipos no comercializables, proyectos piloto o de demostración, así como los muestrarios relacionados con diversas industrias (textil, calzado, juguetes, etc.), siempre que no puedan ser utilizados para aplicaciones industriales o comerciales.

 

Estas definiciones, aunque precisas, dejan espacio para interpretaciones, lo que lleva a que muchas empresas se encuentren con la dificultad de discernir si sus actividades realmente se ajustan a los parámetros de la ley. Certificar un proyecto de I+D+i, por tanto, resulta crucial no solo para aprovechar las deducciones fiscales, sino también para iniciar el camino de cara a la obtención de seguridad jurídica.

 

Este proceso de certificación implica contar con una evaluación técnica realizada por expertos en I+D+i. Estos profesionales, con experiencia y conocimiento en áreas científicas y tecnológicas, son los encargados de revisar y analizar el proyecto, identificando si efectivamente las actividades realizadas pueden calificarse como investigación, desarrollo o innovación. En este sentido, la certificación proporciona claridad y garantiza que la empresa está en el camino correcto al solicitar las deducciones fiscales.

 

Una vez certificado el proyecto, se puede solicitar el informe motivado al Ministerio de Ciencia e Innovación. Este informe es vinculante y actúa como un aval oficial que asegura que las actividades descritas cumplen con los requisitos fiscales. Esto proporciona a las empresas la tranquilidad de saber que las deducciones aplicadas están fundamentadas de forma sólida y que no tendrán problemas con la Agencia Tributaria en caso de revisión.

 

En cuanto a cifras, tras una larga trayectoria de crecimiento de demanda en 2020 se solicitaron más de 10.000 informes motivados, y se emitieron alrededor de 8.000. Esta tendencia muestra la relevancia de este mecanismo para las empresas que buscan aplicar las deducciones con total confianza y seguridad. Además, obtener este informe

motivado no solo asegura la correcta aplicación de los incentivos fiscales, sino que también refuerza la credibilidad de la empresa ante terceros, facilitando el acceso a financiación y potenciando su imagen en el mercado.

 

En resumen, las deducciones fiscales por I+D+i son una gran oportunidad, pero contar con un informe motivado es esencial para asegurarse de que todo está en regla. No solo protege a la empresa frente a posibles revisiones fiscales, sino que también te aporta credibilidad y confianza en el mercado.

 

Óscar Nevot

Director I+D y Sostenibilidad ICDQ